Zacatecas, Zac. La sociedad de Zacatecas ha vivido este año una ola inédita de desapariciones. Hasta el pasado 12 de diciembre, la Fiscalía Gral. de Justicia del Estado (FGJE) había contabilizado mil 132 personas en la categoría de “desaparecidas o no localizadas”, contra 808 a lo largo de 2020.
En medio de las víctimas de este delito hay 59 migrantes centroamericanos, indicó la organización, que por primera ocasión otorgó a conocer datos oficiales sobre aquel delito de elevado efecto. Generalmente, las autoridades presumen que en este ilícito está involucrado el crimen organizado.
De 285 personas se tiene certeza de que fueron víctimas de “desaparición cometida por particulares”, o sea, existe prueba o inculpación de que la delincuencia estructurada los privó de la independencia. A 788 las cataloga como “no localizadas” pues sus familias ignoran cómo desaparecieron.
De los individuos cuyo paradero se ignora, 803 son hombres y 329 damas; de los varones, 126 son menores de edad y 677, adultos. De las féminas, 158 poseen menos de 18 años y 171 son más grandes.
A unos días de que concluya el año, la fiscalía estatal muestra que del total de individuos desaparecidas a lo largo de 2021, a 456 se les ha situado “con vida” y a 84 muertas. En tanto, 592 no fueron localizadas.
Sin embargo las cifras incrementan día con día. Apenas el domingo la fiscalía confirmó que la madrugada del día anterior, en el municipio de Fresnillo, un comando secuestró a 8 personas.
Francisco Murillo Ruiseco, titular de la FGJE, ofertó una entrevista a La Jornada, en compañía por Rodrigo Rosas Collado, titular de la Fiscalía Especializada en temas de Desaparición de individuos, y Everardo Ramírez Aguayo, titular de la Comisión Estatal de Averiguación de individuos (dependiente gubernamental que encabeza David Monreal Ávila).
Rosas Collado rememoró que el Ministerio Público “es una organización de buena fe” y que la ley de desaparecidos tiene 2 categorías: personas desaparecidas en hechos involucrados con delitos, y habitantes que sencillamente “desaparecieron”.
En todos los casos denunciados frente a la FGJE “se emiten las fichas de averiguación, sin embargo en muchas situaciones los parientes no aprueban la difusión pública”, lo cual complica a las autoridades la ubicación.
Además debería considerarse la cifra negra, el número de individuos cuya ausencia los parientes no denuncian, por falta de confianza en las autoridades o por temor a los criminales.
La FGJE ha reconocido la privación ilegal de individuos como medio de los equipos delictivos para reclutar por la fuerza nuevos miembros, señaló el fiscal del estado:
“Tampoco estamos cerrados a dicha conjetura, ya que sí tiene mucho sentido, pues es una forma de reclutamiento obligado de fuerzas, inclusive por amenazas a las familias.”
En la fiscalía zacatecana, previene Murillo Ruiseco, “nos guiamos por las denuncias, o sea, lo cual los parientes nos mencionan, y dicha información algunas veces se puede verificar. Desgraciadamente, en varios casos nuestra familia que sufre dicha extracción de sus familiares algunas veces no incriminación por temor, amenaza y el peligro para su familiar y ellos mismos”.
Desafortunadamente, agregó el fiscal, en los meses actuales se han documentado casos de individuos que también fueron privadas de la independencia con maltrato e involucró a 2 o más miembros de una familia (generalmente hermanos o primos) en un mismo incidente.
“En situaciones van los parientes ligados, acompañándose (viajando ejemplificando en un mismo vehículo), una vez que los delincuentes los secuestran. No entendemos si es por uno o por otro o por situaciones del momento”.
Además se ha vuelto subjetivamente común el que, en varias sociedades rurales, más que nada de los municipios de Calera, Fresnillo, Valparaíso o Villa de Cos, los miembros de la delincuencia irrumpan en los hogares de sus víctimas, de noche o madrugada, para llevárselas ante sus familias.
“Ha estado sucediendo el ingreso a hogares, más que nada lejos de las regiones urbanas, y pienso que esto se contextualiza en esta controversia entre conjuntos delincuenciales, y claramente la población civil es afectada”.
Policías y burócratas tampoco permanecen a salvo
Aunque en años actuales se ha agravado la desaparición de individuos en la entidad, el problema no únicamente afecta en la sociedad civil; además alcanzó a policías e inclusive a burócratas gubernamental estatal.
La mañana del miércoles 25 de octubre de 2017, Rosalía Ramírez y Antonio Troncoso –responsables del área administrativa y de recursos materiales, respectivamente, de la Secretaría de Estabilidad Pública estatal– salieron del área conurbada de la ciudad más importante de Zacatecas a los municipios de Luis Moya, Loreto y Pinos, en el sureste del estado, a hacer pagos en efectivo a las gasolineras que surten de combustible a las patrullas de la policía estatal preventiva en dicha zona. Jamás regresaron a laborar ni a sus domicilios.
En dicha etapa, el fiscal Murillo Ruiseco describió que la FGJE encontró en un monte “objetos individuales que nos proporcionan la alusión de que pudieron haber sido privados de la vida por un conjunto delincuencial. Desgraciadamente los huesos que se encontraron estaban carbonizados y ha sido imposible hacer la identificación genética”.
El pasado 22 de septiembre, 6 nativos wixárikas, entre ellos un menor de edad, quienes trabajaban de jornaleros agrícolas en el municipio de Calera de Víctor Rosales, salieron hacia su sociedad, Nueva Colonia, en Mezquitic, Jalisco, empero cerca del municipio de Cerro Escobedo fueron interceptados por criminales. 2 días luego 2 de ellos fueron localizados colgados de un árbol, en las inmediaciones del panteón municipal de Cerro Escobedo.
El 25 del mismo mes, otros 2 fueron encontrados acribillados en la sociedad de Santa Rita, municipio de Valparaíso. Los demás 2 wixárikas siguen sin ser localizados. Hasta hoy, afirmó el fiscal de Zacatecas, “seguimos haciendo un trabajo de forma coordinada en el sector del último descubrimiento para la ubicación de un joven y un maduro, con personal de fiscalías y equipos de averiguación de Jalisco y Nayarit. Esperemos que no corran con la misma suerte, sin embargo no lo tenemos la posibilidad de descartar. Además, es una de las zonas más peligrosas del estado”.
En Zacatecas hay diversos municipios, especialmente en regiones serranas, donde ni siquiera con apoyo de las fuerzas armadas se puede asegurar al personal de las fiscalías y a los conjuntos de averiguación hacer su labor con estabilidad, reconoció Murillo Ruiseco:
“En Valparaíso y Cerro Escobedo sí tienen la posibilidad de hacer búsquedas, sin embargo se debe acomodar la fuerza de estabilidad completa, que incluye obligatoriamente apoyo de personal de la Guardia Nacional y del Batallón Mexicano. Si no van ellos, no se hace. En Villanueva, recientemente, una vez que iban arribando los han recibido con disparos de arma de grueso calibre al aire y se canceló la búsqueda”.