Ante el ultimátum judicial emitido al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac) para que pague el aguinaldo atrasado de los pensionados, su director, Ignacio Sánchez González, respondió que la única forma de cumplir la orden es utilizar el dinero que se obtendría con la venta de un terreno propiedad del Instituto, para el cual ya hay potenciales compradores extranjeros.
Tras reconocer el peligro de que sea destituido e inhabilitado por incumplir los requerimientos, Sánchez González ya presentó al juzgado dos documentos: las cuentas bancarias del Instituto prácticamente vacías, y la carta de intención de comprar la propiedad redactada por Arpaconsa S. de R.L. de C.V., bróker inmobiliario que representa a inversionistas de los Estados Unidos.
Afirmó que la carta de intención demuestra que el Issstezac está en vías de cumplir con la orden del juez de pagar los aguinaldos.
En requerimientos judiciales de pensionados que ganaron juicios de amparo individuales y colectivos, el Issstezac debe 38 millones de pesos. Desde el 24 de febrero, ante la falta de recursos, el Instituto dejó de pagar dichos requerimientos que a la fecha se siguen acumulando.
El terreno de casi cuatro hectáreas (39 mil 711 metros cuadrados) ubicado en la salida norte de la ciudad de Zacatecas (cerca del centro comercial Galerías) está valuado en 240 millones de pesos. La propiedad se subastó públicamente en el año 2019 y no hubo postores.
“Me permito corroborarle que mantenemos viva nuestra intención (…) y así mismo manifestarle que estamos en proceso de radicar los recursos requeridos para poder hacerla válida en breve”, expresa la carta fechada el 23 de marzo y firmada por Pedro Arce Flores, director general de Arpaconsa, empresa con domicilio en Ensenada, Baja California.
El director del Instituto comentó que en el terreno se pretende construir un hospital de tercer nivel con una inversión de mil millones de pesos, y a largo plazo, convertir la zona en un polo de desarrollo médico.
Explicó además que la venta se ha retrasado debido al tipo de cambio, pues los compradores están esperando que el dólar recupere el valor que tuvo hasta hace algunas semanas.
Reconoció que los 240 millones de pesos que se obtendrían, no resuelven el problema a largo plazo. Pagar el aguinaldo de los dos últimos años a los casi cinco mil jubilados, cuesta 325 millones 444 mil pesos.
«Me quieren ver en la cárcel»
Ignacio Sánchez reconoce que si una autoridad desacata un amparo sin causa justificada “debe ser destituida, inhabilitada y consignada ante el juez”, pero aclaró que en su caso ha demostrado que “no hay dolo ni hay dinero”.
Al respecto agregó: “Nadie está obligado a lo imposible, yo no estoy obligado a lo imposible”.
Reconoció que hay quienes lo quieren ver en la cárcel y que son los mismos que hoy reclaman el pago de una prestación que nunca tuvo sustento jurídico ni financiero: “Hay miles de casos de quienes dicen: vengo por mi aguinaldo, aunque nunca aporté para mi aguinaldo… vergüenza deberían de tener”.
La ya anunciada propuesta de reforma a la ley del Issstezac que se pretende enviar al Congreso del estado para su aprobación busca, entre otros cambios, gravar el aguinaldo para que tenga un sustento económico.