Los morenistas Ulises Mejía Haro y Jorge Miranda Castro, alcaldes del municipio de Zacatecas, en el trienio anterior y el actual, respectivamente, han permitido de 2020 a la fecha el desmonte y lotificación de un polígono que pertenece a una reserva natural, creada mediante decreto presidencial por el general Lázaro Cárdenas del Río el 18 de noviembre de 1937, lo que constituyó una zona protectora pederal, en el área de bosque y matorrales comprendida entre los cerros del Padre, del Grillo y Santa Clara, denunciaron activistas y representantes wixárikas.
Señalaron que ambos ediles permitieron el desmonte y fraccionamiento de terrenos, particularmente en las faldas del Cerro del Padre –lotificados para construcción de viviendas– a Martha Ramírez Gallegos, quien pertenece a la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, AC (AMPI), organización que presidió en 2014.
Lo más grave, acusaron, es que el Cerro del Padre pertenece a la Ruta Sagrada del Wirikuta, que la etnia wixárika atraviesa en su peregrinación anual de Nayarit a San Luis Potosí, cruzando por partes de Jalisco y Zacatecas, y es lugar de descanso de los peregrinos de esa etnia.
El 5 de diciembre de 2009 el gobierno estatal nombró este sitio (ubicado a un costado del lago La Encantada) área natural protegida Parque Estatal Ruta Huichola.
En rueda de prensa, Ángel Vite Martínez, gobernador tradicional de la comunidad wixárika; Arturo Sánchez García, presidente de la Asociación Civil de Colonos de Bosques de la Encantada; Alejandro López, representante wixárika en Zacatecas, así como los ciudadanos Roberto Sánchez Reyes y Arturo Rivera Trejo, hicieron las denuncias públicas.
El decreto original comprendía un área sin límites exactos de zona boscosa, entre los tres cerros citados, justo en los alrededores de la ciudad de Zacatecas. Con los años, casi toda esa región quedó dentro de la mancha urbana y sólo quedaron libres las cumbres de los cerros. La actual superficie del Cerro del Padre, ambicionada por desarrolladores inmobiliarios, apenas alcanza dos hectáreas.
En el artículo segundo del decreto cardenista se estipula que en esa área “no se permitirán las quemas ni explotaciones que tiendan a reducir el área forestal o lesionen la vegetación que espontáneamente o mediante procedimientos artificiales crezca en dichos terrenos”.
Sin embargo, Arturo Sánchez García explicó que el edil Ulises Mejía Haro (2018-2021) otorgó permisos para el desmonte y lotificación en la parte norte de las faldas del cerro a Martha Ramírez Gallegos a principios de 2020. El activista aseguró que recibió amenazas de muerte vía telefónica tras iniciar la defensa del cerro, hace dos años.
Además, integrantes de la comunidad wixárika y miembros de la Asociación Civil de Colonos de Bosques de la Encantada interpusieron quejas ante el ayuntamiento de Zacatecas para que se revirtieran las autorizaciones.
Con la llegada de Jorge Miranda Castro, en septiembre del 2021, postulado por la coalición de los partidos Verde Ecologista de México y Morena, los afectados creyeron que podría revertirse la acción ilegal. Sin embargo, no ha realizado ninguna acción que detenga el desmonte de los cerros.